La plaza de Tahrir se ha convertido en el emblema de la lucha por la democracia en El Cairo. Por ello, un viernes más, los egipcios se concentrarán en el epicentro de las protestas del pasado mes de enero para exigir a los militares que cedan el poder político a autoridades civiles.
Tras la caída de Hosni Mubarak, los egipcios se las prometían muy felices. Parecía que la batalla por la libertad y la democracia ya estaba ganada. Pero no fue así. Los militares, que no apoyaron al rais durante las protestas, se alzaron como los elegidos para guiar al pueblo en la transición. Liderados por el mariscal Tantaui, prometieron elecciones y una nueva Constitución. Pero, para ello, se apoyaron en algunas de las leyes más detestadas de Mubarak con el fin de “mantener el orden”. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Emergencia. Tras nueve meses de gobierno, las intenciones de la Junta Militar parecen más encaminadas a no perder los privilegios de los que disfrutaban en la época de Mubarak y a mantenerse en el poder que a impulsar un verdadero Estado democrático.
Los egipcios acudirán por primera vez a las urnas en unos comicios democráticos el próximo 28 de noviembre. Elegirán los 498 escaños de la Asamblea del Pueblo y los 270 de la cámara baja o Shura. Tras su elección, los diputados deberán confeccionar la nueva Constitución, que será ratificada en referéndum por la población. He aquí el problema. La Junta Militar ha intentado inmiscuirse en la elaboración de esa nueva Carta Magna imponiendo unos principios supraconstitucionales que les beneficien, como por ejemplo otorgar poderes adicionales al Ejército y eximirlo del control presupuestario. Los partidos políticos han rechazado tal interferencia en el futuro poder legislativo. Los Hermanos Musulmanes consideran que las condiciones presentadas en el borrador del proyecto por Ali el Selmi, viceprimer ministro de Asuntos Políticos, contribuyen a “consagrar la dictadura” y “roban la soberanía a pueblo”. A pesar de todo, la mayoría de las formaciones políticas ha aceptado escuchar las propuestas de los militares, siempre y cuando sus peticiones no sean vinculantes a la hora de elaborar la nueva Constitución. El partido de la Libertad y la Justicia, brazo político de la cofradía integrista de los Hermanos Musulmanes, es el favorito en las elecciones del día 28, lo que explica su firme oposición a que cualquier agente externo interfiera en la comisión constitucional que los diputados deberán formar y en la que, presumiblemente, tendrán la mayoría. Cualquier imposición frustraría el establecimiento de sus principios políticos, encabezados por un Estado Islámico y la sharía como norma básica, en la futura Constitución.
Tras la elaboración de la Constitución, los egipcios volverían a acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente del país. La Junta Militar se muestra esquiva en este asunto, y ha planteado no celebrar dichos comicios hasta 2013. Por todos estos motivos, los ciudadanos egipcios de todas las tendencias políticas volverán a llenar el próximo viernes la plaza de Tahrir. Exigirán, sin condiciones, que sean autoridades civiles quienes detenten el poder político. La labor de los militares se da por concluida.
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